Cuadro: Los niños muertos. Oswaldo Guayasamín
René
Loyo Cárdenas
Cuando se hundieron las
formas puras
Bajo el cri cri de las
margaritas,
Comprendí que me habían
asesinado.
Recorrieron los cafés y
los cementerios y las iglesias,
Abrieron los toneles y los
armarios,
Destrozaron tres
esqueletos para arrancar sus dientes de oro.
Ya no me encontraron.
¿No me encontraron?
No. No me encontraron.
Pero se supo que la sexta
luna huyó torrente arriba,
Y que el mar recordó ¡De
pronto!
Los nombres de todos sus
ahogados.
Federico García Lorca
Fragmento de la “Fabula y
rueda de los tres amigos” de
Poeta de Nueva York, 1930
Seguridad Pública y Derechos Humanos
Justicia por su propia mano
Las cifras son un
escándalo: “más de 100,000 muertes, 30,000 desaparecidos”[i]
Cifra récord en el México violento de hoy.
La llegada a la
presidencia de Enrique Peña Nieto, prometió un mejor bienestar para todos los
mexicanos a través de las reformas energética, educativa, comercial y
telecomunicaciones. Las cifras de seguridad pública desmienten cualquier
avance. La sociedad vive entre la violencia y la inseguridad. El aumento de los
homicidios tiene diversas causas entre los que destacan principalmente: la
deficiente formación de los servidores públicos responsables de hacer cumplir
la ley, tanto a nivel estatal y federal; la pulverización de los carteles de la
droga por todo el país donde hay un mayor flujo de dinero y armas, finalmente
las instituciones responsables de la seguridad pública, viven la peor crisis en
los últimos cincuenta años.
En 2008, México inició una
reforma judicial en la que se busca adoptar un modelo en el que hay presunción
de inocencia, la evidencia se presenta en un juzgado y se busca que sea más
difícil esconder la corrupción. Se supone que no hay detenciones arbitrarias y
que los sospechosos que son detenidos sin prueba deben ser liberados. Muchos
policías y Ministerios Públicos, así como sectores importantes de la sociedad
señalan que este nuevo sistema acusatorio es el responsable de que existe más
crimen y una mayor impunidad.
Las cifras
Las deficiencias en el
funcionamiento y estructura de los sistemas de justicia y seguridad, así como
en el respeto a los derechos humanos posicionan a México en el primer lugar de
impunidad a nivel continental y en cuarto sitio a nivel mundial, según revela
el Indice Global de Impunidad (IGI) 2017[ii]
. Si bien es cierto que en el estudio que lleva a cabo el Centro de Opinión
Pública de la Universidad del Valle de México, muestra la mala preparación de
la policía, así como el de “la falta de vinculación y corresponsabilidad entre
la ciudadanía y las policías”[iii].
Las autoridades no han sido capaces de realizar una reforma seria a todo el
sistema de procuración de justicia.
La Seguridad Pública
La Seguridad Pública
cumple la función de conservar el orden social, con base en un orden jurídico
que controle al poder y norme sus relaciones con los ciudadanos y de éstos
entre sí. Es decir, la existencia y permanencia de un orden público y de un
orden privado, como condición necesaria para la vida social. Así la Seguridad
Pública se constituye en la manifestación de la acción gubernamental, ejercida para
salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las personas, y de las
entidades públicas y privadas.
Estas actividades, deben
cumplir con responsabilidad, respetando las garantías constitucionales y
evitando el abuso de poder, para mantener la vigencia de un Estado de Derecho.
Políticas Públicas
Si bien es cierto que en
el tema de la Seguridad Pública han existido toda una serie de acciones
gubernamentales para atender el grave problema de la Seguridad Pública en todo
el país, estas acciones por si mismas, se encuentran aisladas, tal como se
mostró en la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública 42[iv]
donde brillaron los elogios y la falta de una autocrítica de las omisiones e
insuficiencia de la estrategia de seguridad pública.
Todo esto muestra que se
encuentra distante las políticas públicas en la seguridad pública, por lo que
es “necesario que las acciones se conviertan en políticas públicas y que tales
decisiones que aspiran al cambio social adopten una posición ética en la que se
privilegie la perspectiva de derechos humanos, la participación y la equidad
entre las y los ciudadanos”[v].
Las políticas públicas se
diferencian de una acción (ocurrencia) gubernamental, por su carácter público,
que reconoce a una sociedad democrática y con ello debe incluir la opinión, la
participación y la corresponsabilidad. Gobernar con políticas públicas implica
ver a las y los ciudadanos con derechos y obligaciones. Las políticas públicas
“visualizan personas activas que exigen respuesta porque pagan impuestos,
deliberan y se hacen escuchar”[vi].
Derechos humanos
Los Derechos Humanos no
son naturales, sino culturales y “deben ser reconocidos por el poder del Estado
de derecho democrático, en relación con las condiciones materiales de una
sociedad civil específica”[vii].
Por ello, el concepto de
derechos humanos dentro de la administración del derecho en nuestro país debe
cumplir la función de que debe expresarse al servir de limite y de contención
de la intervención del derecho general y del derecho penal en particular.
Estudio de caso
Ciudad de México. 24 de
mayo de 2017, en las instalaciones del Ministerio Público de Xochimilco, una
pareja sexagenaria evidenciando el miedo en su rostro, piden ayuda, han sido
violentados. El hombre señala “aproximadamente a las 15:30 horas del día de
ayer, un hombre regordete, llega a mi negocio, se presenta como un elemento que
trabaja para la delincuencia organizada, y dice formar parte del grupo de los
zetas por lo que viene a cobrar el dinero, ya que tienen orden de tronarme
(matar)[viii].
Mientras tanto en su casa
su esposa recibe otra forma de trato. Llegan a su domicilio golpeando de manera
violenta. Se encierra, tiene miedo y pide ayuda al 911. La estación de policía
se encuentra a diez minutos, sin embargo, la ayuda no llega, le habla a su
esposo a finde que le auxilie. En el trayecto del negocio a su casa el hombre
sexagenario se encuentra con una patrulla de seguridad pública, no encuentran
la dirección, los patrulleros se encuentran perdidos. La mujer recibe
indicaciones vía telefónica del 911, ya que han dejado dos notas amenazantes,
por lo que recibe la indicación de no mover los papeles hasta que intervenga
una persona especializada. A la llegada de los oficiales de policía, leen las
amenazas y agregan: “ya llegó la maña. Si le están pidiendo dinero, tienen que
dárselos, no los van a soltar”[ix].
Respecto a las amenazas, uno de ellos, esta escrito al reverso de una fotocopia
de un pagaré, y con un plumón negro esta la advertencia: “a mí no me veras la
cara de pendejo. Necesito mi dinero pues estas tratando con los del cartel de
Sinaloa”, el segundo dice: “ultima yamada Paga Paga” [x].
En su desesperación el
hombre sexagenario pide ayuda al 086, al Consejo Ciudadano de Seguridad, a la
Policía Federal, a policía antisecuestro, policía de inteligencia de la SSP, unos
y otros no saben cómo intervenir.
Se presenta la denuncia
ante el Ministerio Público y se establece que debe quedar como “cobranza
ilegitima, hostigamiento y actos intimidatorios”. Se entregan una lista de
números telefónicos donde han venido recibiendo amenazas, y se entrega el
número de serie de las cámaras de seguridad a fin de que las personas puedan
ser identificadas.
Toca el turno al
interrogatorio de los Agentes de la Policía Judicial. Narrar una vez más los
hechos. Toman nota de las cámaras de seguridad, de la hora, unos y otros
elementos de la policía leen las advertencias y queda puesto dentro de la
carpeta del expediente.
Se cita a los victimarios
a que ratifiquen su denuncia, ¿para cuándo? No se sabe. El expediente será
trasladado al área denominada Xochimilco 2, allí se harán los trámites
correspondientes.[xi]
En el mes de junio se
presenta a ratificar la denuncia y es canalizado al Centro de Investigación
Victimológica y de Apoyo Operativo (CIVA), a finde practicar una valoración
psicológica y conocer si hay afectación, angustia, zozobra o perturbación por
las amenazas que refiere haber recibido. Su fecha de consulta es el 15 de
agosto, a pesar de continuar recibiendo nuevas amenazas de muerte.
Se han cumplido seis
meses, se han acreditado nuevos teléfonos, se han incrementado más amenazas, y
el agente del ministerio público no puede integrar una carpeta de
investigación, se queja de que tiene mucho trabajo y tiene que integrar otras
carpetas. De los números telefónicos que se han proporcionado, señala el
servidor público que no puede intervenir ya que se encuentra impedido en
rastrear esos números por la “ley de protección a datos personales”. El
funcionario considera que no existen elementos para considerar una cobranza
ilegitima y advierte si la valoración psicológica presenta alguna perturbación,
ya no hay nada que hacer y señala aquí las cosas se hacen como ellos dicen y no
como pretenden las víctimas. Seis meses y no se logra integrar una carpeta, no
se puede judicializar el hecho, no se puede hacer nada.
Cobranza ilegitima
El 28 de noviembre de 2014
la Gaceta Oficial del Distrito Federal señala: “Artículo 209 Bis. Al que con
intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien
funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de
hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y
una multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de
las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación,
sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. Para la
reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de este
código”[xii].
Se puede resumir que “son incorrectas las amenazas, la violencia física y
verbal, la intimidación y el hostigamiento”[xiii].
Derechos Humanos
El 11 de septiembre, se
presentan nuevamente al negocio de los victimarios, una persona quien los
vuelve amenazar, quiere el dinero, señalan que tienen los domicilios de sus
familiares en Puebla y Veracruz y advierten “los van a levantar y los van a
despedazar”[xiv].
Se pide la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, se piden medidas cautelares y por el momento, las amenazas se
detienen.
En el mes de noviembre
vuelven las amenazas. Dejan escritos, nuevamente se incrementan las llamadas
telefónicas. Ante la tardanza para judicializar la carpeta se recurre al Fiscal
a fin de señalar que las amenazas continúan y que la instancia llamada
mediadora ha sido desechada. El Fiscal señala que no se puede detener un delito
con otro delito, así que da indicaciones a que sea sustituido el Agente del
Ministerio Público. Se reinicie todo el proceso, Se pide la intervención de los
peritos a fin de que se analice las amenazas escritas en papel como también en
el teléfono celular. Se integra la carpeta y se canaliza al área antisecuestros
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Para el mes de enero del
2018, se informa que el expediente canalizado ha sido devuelto por no estar
bien fundamentado. Se vuelve a pedir que comparezca la parte acusada en calidad
de testigo a fin de saber si reconoce que ella emitió esas amenazas. Los
funcionarios públicos buscan establecer nueva mesa de mediación. La parte
acusada lo rechaza y continua con sus amenazas, estas se incrementan de manera
alarmante. El hostigamiento consiste en marcar a la víctima desde de distinto
lugares del país. Se pide la intervención de la Fuerza Antisecuestro, ellos se
encargan solo de bloquear el número que se tiene registrado. El Ministerio
Público a cargo, sugiere para ya no recibir más amenazas cambie el número
telefónico.
Las amenazas suben de
tono, ahora llegan con recortes de periódicos donde destacan en la nota roja,
como las personas son detenidas, levantadas y después de haber sido torturadas
son desmembrados su cuerpo.
Se ha cumplido un año de
haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público y el resultado es que
no avanza. Sin embargo, la encargada del Ministerio Público señala que, si una
persona hace una denuncia y no asiste para ver los avances, la denuncia se
archiva.
“Sólo pide justicia, pero será mejor que no pidas
nada”. Almafuerte
Hasta el momento de
escribir esta nota han transcurrido trece meses y no se puede integrar una
carpeta de investigación y judicializar si el caso así lo amerita. Las razones
desde el interior de una oficina burocrática es que han cambiado el sistema
penal acusatorio y eso los detiene, pero aparte, cada semana tienen que
integrar informes y más informes. Recibir nuevas denuncias, dar continuidad a
lo que se tiene. Cambian a todo el personal y uno nuevo tiene que hacerse cargo
de la carpeta. “Es justo? ¿Verdad que no?
No es justo, las
condiciones de trabajo de un Ministerio Público son pésimas. Las condiciones de
los Agentes de la Policía Judicial, mal y de malas. Los responsables en
peritajes, son pocos y siempre andan corriendo.
Las víctimas tienen que
soportar el doble o triple su dolor. Borges cita a un poeta argentino y señala
“Sólo pide justicia, pero será mejor que no pidas nada”[xv].Solamente
cuando uno se asoma al interior de una Agencia del Ministerio Público y al azar
toma un caso, lo acompaña, se analiza, y es allí que uno puede entender el
grave problema de la seguridad pública que padece el país.
A nivel internacional
México es un lugar donde los desaparecidos y el número de personas muertas por
medios violentos en este año, alcanza cifras y récord históricos. La impunidad
es funcional y estructural.
El trabajo de
investigación desarrollado por la Universidad del Valle de México, donde
destacan el nivel bajo, mal pagado, poco retribuido que viven a diario los
policías en México. Sin embargo, a pesar de estos datos las autoridades siguen
apostando a un mismo modelo desorganizado que con los años ha validado su total
fracaso.
El intento por
sistematizar un caso pone en evidencia la ausencia del estado y la nula
posibilidad de garantizar el precepto que es el respeto a la vida. A partir de
este acompañamiento podemos mostrar un esquema de intervención de la policía
poco eficiente, Desde el momento en que los sexagenarios personajes deciden
solicitar ayudar a través del 911 y la poca coordinación con los funcionarios
públicos que, a pesar de contar con un vehículo para desplazarse, desconocen el
cuadrante en el que trabajan.
Los comentarios vertidos por uno de estos
oficiales al momento de intervenir son “si les están pidiendo dinero, es mejor
dárselos”, Y uno se pregunta ¿Y el estado de derecho? ¿Y el derecho de la
víctima? ¿Quién asume la responsabilidad de salvaguardar el orden de la vida
social?
Las agencias del
Ministerio Público deben renovarse. El Instituto de Formación Profesional de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, debería ser una
instancia formadora y supervisora de sus agentes. Es importante que las
organizaciones sociales puedan dar un seguimiento y sistematización respecto a
las carpetas de investigación. No es suficiente ver lo que hacen, es lamentable
como los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley realizan a los ojos
de todos sin el menor rubor practicas nada profesionales para con
detenidos y/o víctimas,
Bibliografía:
Este cuadro, Los Niños Muertos, está inspirado en el acontecimiento “guerra de los cuatro días” en el que Guayasamín perdió a su mejor amigo. En este cuadro este artista manifiesta el concepto que tiene sobre la sociedad en general, y la gente.
[i] El año más violento
en México, visto desde uno de los municipios más peligrosos. Azam Ahmed. 4 de
agosto de 2017. América Latina/México. The New York Times.
[ii] Indice Global de
Impunidad (IGI) 2017. Dimensiones de la Impunidad Global. Coordinadores Juan
Antonio Le Clercq Ortega. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Universidad de las
Américas Puebla. UDLAP: Jenkins Graduate School. Centro de Estudio sobre la
impunidad y justicia. Agosto 2017, 140 pag.
[iii] Ser policía en
México: ¿Qué rol asume la sociedad? Centro de opinión pública de la Universidad
del Valle de México. Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde).
16 de febrero de 2017
[iv] Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública 42. La Jornada. 2 de septiembre de 2017,
[v] La importancia de
la ética en el análisis de las políticas públicas. Mauricio Merino. Revista del
CLAD Reforma y Democracia. No. 41, junio 2008. Pag. 5 a la 32.
[vi] Políticas
Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas
públicos. Mauricio Merino. México, CIDE, 2013, pag.30
[vii] Derechos Humanos,
Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Augusto Sánches Sandoval. Instituto
Nacional de Ciencias Penales. México 2000.
[viii] Diario de
trabajo. René Loyo Cárdenas. Sin publicar. Mayo 2017.
[ix] Op.cit.
[x] Copia de lis
mensajes presentados al Ministerio Püblico.
[xi] Carpeta de
investigación C!-FXH/XO-2/D/01007/2017
[xii] Gaceta oficial
Distrito Federal. Décima Séptima Época. 28 de noviembre de 2014. N. 1996.
Ciudad de México.
[xiii] El economista.
Si no es ética ni respetuosa, es un delito. Javier González. 21 de septiembre
de 2014,
[xiv] Denuncia
presentada en la CDHDF, Sin publicar.
[xv] Almafuerte. Citado
por Jorge Luis Borges. Nuestro deber es la verosímil esperanza. Revista Nexos.
Enero 1986. México.
