La economía legal

La economía legal 

René Loyo Cárdenas 

Lydia Cacho escribe acerca de la manera en que los empresarios de Quintana Roo, son víctimas de las extorsiones sistemáticas por parte del gobernante en turno. Los grandes empresarios de la zona turística de Cancún dieron a conocer cifras que van desde un millón de pesos hasta tres millones de dólares “además de pagar las cuotas legalmente especificadas”. 

Pero sin duda, el asunto no se reduce a un estado de la República, y tampoco se debe considerar que sea un solo partido ya que las principales fuerzas políticas se han visto salpicadas en este tipo de extorsiones propias de la delincuencia organizada. 

“El problema –dijo el dueño de una cadena restaurantera-, es que en el instante en que te rebelas contra la ilegalidad de permisos especiales, cuando eres un ciudadano probo y empresario honesto y te niegas a pagar cuotas extras de un millón de pesos por el procesamiento de basura, por ejemplo, te amenazan con una auditoría de la Secretaría de Hacienda que podría fabricarte delitos y multas impagables”. (Cit. Lydia Cacho). 

Si esto sucede a los grandes empresarios que se agrupan a través de la COPARMEX y demás organismos corporativos, que sucede  con las empresas incipientes, las microempresas, y aunque muchas de ellas hacen esfuerzos para vivir en una economía legal tarde o temprano sucumbe a los terribles embates de la corrupción. 

Nuestra empresa, una incipiente cooperativa: la Bachita de lo último lo más sabroso SC de RL de CV, constituida bajo las leyes mexicana, desde su conformación venimos tratando de esquivar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos en las diferentes ventanillas a las que hemos acudido. 

Vamos por partes: a los ocho meses de haber iniciado labores en una fonda de comida oaxaqueña, creando fuentes de trabajo, pagando los impuestos correspondientes, contando con los requisitos que nos solicitaron la burocracia y la tramitología de las diferentes instancias gubernamentales, nuestra fonda, fue suspendida, cerrada, por  la instancia gubernamental llamada INVEA, con servidores públicos déspotas y si esto fuera poco, en un local de menos de cinco metros, fue tapizada con más de 10 pegotes que daban cuenta de que quedaba suspendido bajo la advertencia que si alguien violaba los sellos correspondiente se haría “acreedor a seis o siete años de cárcel”. 

De manera inmediata fuimos asistidos por un abogado que nos llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y nuevamente los responsables de atender nuestra queja consideraron que no se había incurrido en violación alguna. Seis meses después la misma Comisión de Derechos Humanos nos ha pedido una disculpa por no actuar con la prontitud necesaria, “pero lamentablemente, no se puede hacer ya nada”. 

El Tribunal de lo Contencioso dictamino “derechos restitutorios” y sin embargo, el INVEA se negó acatar la mencionada sentencia. Hoy continuamos con un juicio contra los funcionarios que sin argumento alguno, cerraron nuestro negocio. Los que saben señalan que si nos va bien en dos años tendremos algún resultado. 

Que pasa en el país? 

La economía legal es víctima de la burocracia, la tramitología y extorsión por funcionarios públicos que se han convertido en la verdadera delincuencia organizada. 

Tanto el gobierno federal como en los estados, la economía se encuentra estancada, no hay las suficientes plazas de trabajo y en cambio ha crecido de manera alarmante los cientos de miles de personas que de alguna manera ven en la informalidad su única manera de sobrevivencia. Aquí el círculo se acrecienta: muchos jóvenes ven en el robo otra fuente de trabajo, la mercancía robada se vende bien en los tianguis. 

Los que venden comida en las calles pueden robar la luz, no pagan impuestos, privatizan los espacios públicos y son manejados y defendidos por los partidos políticos sin escrúpulos quienes de manera vulgarmente clientelar los utilizan como tajada política. 

En la Delegación Tlalpan, en los linderos de las instalaciones del Tec de Monterrey, tiene presencia un grupo de personas quienes son los que ponen y quitan a los vendedores ambulantes y son los que protegen los diversos negocios de comida  que se encuentran en las calles, por supuesto que todos ellos pagan una cierta cantidad de dinero, y a cambio de ello, viven en la impunidad. La luz se la roban, nadie paga impuestos, y si alguien se pregunta quién regentea a toda esta gente la respuesta es que es una práctica que realizan los partidos políticos en turno, antes era el PRI y hoy es el PRD.  

Mientras tanto, el gobierno de la ciudad de México, se ha planteado como una solución mágica el incremento en el salario mínimo, primero en la ciudad luego más tarde en todo el país,  debido a que “los bajos salarios se han vuelto productores de la informalidad que ahora nos abruma” señala un alto funcionario del gobierno de la ciudad de México. Pero esto es mentira, la economía legal no es protegida. No contamos con instituciones eficaces. 

Qué hacer? 

Respetar la ley. Revisar cada uno de los apartados que requiere un ciudadano y deshechar aquello que no funciona. Reconocer que estamos en una terrible tramitología. 

En el tiempo que se mantuvo cerrada mi empresa, tuve la oportunidad de conocer a otras personas iguales  viviendo en el hartazgo, la desesperación y la angustia de estar perdiendo día a día sus sueños, su capital. 

  

En México muchas cosas son importantes y en términos empresariales, las autoridades debieran tutelar a quienes crean fuentes de trabajo. Quienes arriesguen su dinero en una economía legal debe traducirse como gente de bien y de orden social por lo que el Estado debe acompañar y proteger, orientar y ser sumamente sensible a las denuncias de corrupción por parte de los servidores públicos.   

Una buena política económica debiera estimular a la economía legal. Existe un considerable sector de empresarias y empresarios sedientos de encontrar mecanismos de rendición de cuentas y de ser considerados en una democracia participativa.  

Quienes están hundiendo económicamente a nuestro país, son los gobernantes corruptos, quienes han visto en la pequeña y mediana empresa el negocio de la extorsión. 

Ya basta por favor!